El sábado 22 de septiembre por la noche, la administración Trump anunció su propuesta para limitar el número de tarjetas de residencia otorgadas a los inmigrantes.

Este plan propone imponer ciertas restricciones para las personas que deseen aplicar para la residencia estadounidense. Los inmigrantes que toman ventaja de los beneficios públicos tal como las estampillas de comida, viviendas públicas, o subsidio de bajos ingresos disponible para ayudar a pagar los gastos de medicamentos recetados pueden ser sujetos a inspección detallada por parte del gobierno, quien puede decidir si aprueba su solicitud para visas o tarjetas verdes.

La base de esta propuesta es para “promover la autosuficiencia y proteger los recursos limitados para asegurar que ellos [los inmigrantes] no se conviertan en cargas para los contribuyentes Americanos,” según Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. La versión más reciente de esta propuesta incluye como “carga” a cualquier persona que haya recibido o esté recibiendo beneficios públicos. De acuerdo a los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, este plan les ahorraría $2.7 billones de dólares anualmente a los contribuyentes americanos, ya que el número de inmigrantes que califican para estos beneficios bajaría, según USA Today.

¿Y qué significa este plan propuesto para las comunidades latinas?

Para comenzar, unas 382,000 personas serían afectadas, según el Departamento de Seguridad Nacional. No solo afectaría a aquellos individuos que reciben ayuda federal, sino que también podría afectar a las personas que actualmente se encuentran en el país que desean convertirse en residentes permanentes o que desean extender su tiempo de residencia a través de la renovación de estatus, según CNN.

El periodico Hoy Los Ángeles reporta que, “Más de la mitad de la nación de inmigrantes (el 51 por ciento) reciben algún tipo de ayuda pública gubernamental, de acuerdo a un nuevo reporte del Centro para Estudios de Inmigración.” Estadísticamente, 1 de cada 5 familias beneficiarias de las estampillas de comida son familias latinas, lo que en términos reales sería un aproximado de 5 millones de latinos que mensualmente las reciben, según el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas. Además, una típica familia beneficiaria de las estampillas de comida percibe ingresos que los ubica el 58% de la línea de pobreza, lo que equivale a un ingreso mensual de 800 dólares para un grupo familiar de tres personas o el equivalente anual a 9,600 dólares, según el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas. De hecho, más de cuatro millones de personas no-ciudadanas se encontraban en las familias que reciben estampillas de comida entre los años 2014-2016, de acuerdo a un análisis hecho por el Instituto de Política  de MIgración. Mas de 39 millones de personas estaban inscritos en el programa en junio de este año, según las recientes estadísticas del Departamento de Agricultura.

¿Y cómo se comparan estas estadisticas de los latinos a las estadísticas nacionales?

Según reporta el periódico Hoy Los Ángeles, de los 41.5 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, el 3.7% recibieron beneficios en el año 2013 y un 22.7% aceptaron beneficios que no eran monetarios, tal como el Medicaid y subsidios de vivienda, de acuerdo con las estadísticas compiladas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Los porcentajes de estadounidenses nativos que reciben los mismos beneficios que los inmigrantes son similares. En 2015, el 3.4% de 270 millones de nativos estadounidenses recibieron asistencia social en efectivo, y el 22.1% obtuvo subsidios.

¿Cuales servicios actualmente NO son considerados una carga pública?

Según el periódico Hoy Los Ángeles, estos son algunos de los programas que hasta hoy no son considerados una carga pública:

• Medi-Cal, Healthy Families, cuidado prenatal, y otros servicios gratuitos o de bajo costo (mientras no sean de largo plazo)
• Las estampillas de comida (SNAP), el programa de mujeres, infantes, y niños (conocido como WIC por sus iniciales en inglés), el servicio de alimento gratuito en la escuela
• La compensación de desempleo

Estos son los beneficios sujetos a considerarse “carga pública” si la propuesta se finaliza:

• La asistencia pública, incluyendo al Medicaid
• Los programas de asistencia locales o estatales para el mantenimiento de los ingresos, conocidos como los “programas de asistencia general”
• Toda asistencia en efectivo para el mantenimiento total de una persona, lo que incluye el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), cualquier asistencia en efectivo de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) a largo plazo.
• Los funcionarios también tendrían que considerar ciertas condiciones médicas, como enfermedades mentales, cáncer y cardiopatías, como factores decisivos porque, de acuerdo con la nueva regla, “un extranjero corre un alto riesgo de convertirse en una carga pública si tiene una afección médica y no puede mostrar evidencia de seguro de salud no subsidiado”.

Estos datos pueden cambiar, ya que esta propuesta de la administración Trump es un borrador y aún no han pasado los sesenta días para que comente el público.